En América Latina y el Caribe residen mas de 70 millones de personas con discapacidad (CEPAL, 2014), que son diversas y experimentan discriminaciones múltiples y simultáneas debido a su situación socioeconómica, su género, edad, lugar de residencia, condición étnico-racial y estatus migratorio, entre otras. Las personas con discapacidad ya se encontraban entre las más excluidas en nuestras sociedades antes de la pandemia del COVID-19 y con la llegada de esta crisis sanitaria y sus devastadores impactos sociales y económicos estarán entre las más afectadas, junto con sus familias, lo que profundizará su situación de exclusión y marginación.
La inserción laboral de las personas con discapacidad se ve afectada negativamente por la falta de accesibilidad en la vía pública y en los lugares de trabajo, la falta de ajustes razonables necesarios para garantizar el ejercicio pleno del derecho al trabajo en igualdad de condiciones, así como por la discriminación y la persistencia de estereotipos negativos. En el ámbito laboral, algunos de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad operan a nivel individual (baja calificación técnica y pocas habilidades blandas) y familiar (bajas expectativas familiares y sobreprotección familiar), barreras en el entorno (interrupciones en la cadena de accesibilidad desde el hogar hasta el lugar de trabajo) y los que enfrentan en los lugares de trabajo (desconocimiento y falta de experiencia con personas con discapacidad y una cultura poco inclusiva). Los hogares que tienen entre sus miembros a una persona con discapacidad deben incurrir en mayores gastos debido a los costos asociados a los servicios de salud, la rehabilitación y la educación especializados, la compra y mantención de dispositivos de asistencia, los medicamentos y el transporte, entre otros. Además, cubrir las necesidades de cuidado de la persona con discapacidad puede obligar a algún miembro del hogar, frecuentemente una mujer, a retirarse del mercado laboral, lo que afecta los ingresos del hogar. Cuando no existen mecanismos de apoyo para cubrir o subvencionar estos costos y necesidades, deben ser costeados por la familia, lo que puede provocar o agravar situaciones de pobreza (CEPAL, 2019a).
Limitación a las personas con discapacidad debido al Covid-19
El confinamiento físico que se ha aplicado en muchos países de la región para frenar la transmisión del virus puede interrumpir el acceso a bienes y servicios esenciales para que las personas con discapacidad puedan mantener su bienestar. Esto es especialmente crítico en el caso de servicios de salud, rehabilitación y cuidados, pero también en el de medicamentos, pañales, dispositivos de asistencia y alimentos especiales, entre otros insumos. El confinamiento y las restricciones de desplazamiento también pueden agravar la situación de personas con ciertos tipos de discapacidad, por ejemplo, aquellas con trastorno del espectro autista (TEA), cuyas rutinas permiten disminuir el estrés y la ansiedad. La interrupción de esas rutinas debido al confinamiento puede afectar de manera negativa el bienestar de esas personas y sus familias. El confinamiento puede aumentar la exposición a la violencia intrafamiliar en el caso de las mujeres con discapacidad, que son víctimas de este tipo de violencia en mayor medida que las mujeres sin discapacidad.
Recomendaciones para ayudar a las personas con discpacidad.
Referencias
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Itzel Lugo Isol- Iza Pérez-Martínez